viernes, 16 de noviembre de 2012

Lluvia de críticas al nuevo Reglamento de los CIE

Los CIE, Centros de Internamiento de Extranjeros, son definidos por el Defensor del Pueblo como “establecimientos públicos de carácter no penitenciario donde se ingresa a ciudadanos extranjeros pendientes de que se ejecute su expulsión o devolución, estando sometidos a control judicial tanto la autorización del ingreso como el control del internamiento que tendrá una duración máxima de 60 días”.
En ellos se interna a personas extranjeras por el simple hecho de la falta administrativa de no tener los papeles en regla y a los condenados por algún delito cuya pena es conmutada por la expulsión. Todos comparten las mismas instalaciones, independientemente de cuál sea el motivo por el que fueron internados.
Los CIE nacen en el Estado español en 1985 y actualmente hay 8 en todo el país después de que el pasado junio cerraran el de Málaga por el mal estado en el que se encontraban las instalaciones. Desde 1999 la reglamentación que rige los CIE es una Orden Ministerial que no tiene rango de Ley, por lo que ni está publicada en el BOE, ni ha pasado por la votación de ningún Consejo de Ministros. “Una Orden Ministerial es el rango más ínfimo legislativo. Es indispensable una reglamentación mucho más completa al respecto porque estamos hablando de la privación de un derecho fundamental como es la libertad“, comenta Cristina Manzanedo, abogada de Pueblos Unidos, en declaraciones a Periodismo Humano.
A raíz de la muerte, entre diciembre y enero pasado, de dos personas inmigrantes, Idrissa Diallo y Samba Martine, en los CIE de Barcelona y Madrid respectivamente, las críticas sobre el funcionamiento interno de estos centros llegó a su punto álgido en la opinión pública española. Fue el anterior gobierno socialista, desde su Ministerio del Interior, quien comenzó a dar forma a la nueva reglamentación. El gobierno del Partido Popular recogió el testigo y hace unos días presentaba el Anteproyecto del Real Decreto que podría ser el definitivo, a falta de ser sometido a votación en el Consejo de Ministros. Según Cristina Manzanedo, “esta es una de las antiguas reivindicaciones de las organizaciones sociales, la reglamentación del funcionamiento interno de los CIE. Actualmente funcionan con normas internas privadas y la línea de actuación depende de sus directivas. Por eso hay tantas diferencias en el funcionamiento entre unos CIE y otros. La falta de regulación genera una situación de vulnerabilidad extrema, pues las personas internas no conocen sus derechos en los centros. Tampoco existe una norma que establezca los estándares mínimos que deben tener los centros en lo relativo a las instalaciones, alimentación, servicios sanitarios… esto incide sobre los derechos de las personas internas y provoca diferencias entre los distintos CIE, lo que genera situaciones de absoluta desigualdad dependiendo del centro en el que se interne a la persona”.

Por eso las organizaciones sociales y el Defensor del Pueblo vienen denunciando la violación sistemática de derechos fundamentales dentro de los CIE en referencia a malos tratos, la incomunicación de los internos, la falta de vulnerabilidad a la hora de conocer sus derechos, el hacinamiento…

“La posición de Andalucía Acoge ha sido siempre acabar con los CIE, porque entendemos que ningún ser humano debe estar encerrado por una falta administrativa, pero puesto que el Tribunal Constitucional se pronunció en 1987 y dijo que los CIE eran constitucionales, desde nuestra asociación se trabaja para que mejoren las condiciones legales de las personas encerradas en ellos”. “Nuestra primera máxima es que los CIE cierren y la segunda, que nunca un CIE puede ser peor que un centro penitenciario. Por lo tanto, el mejor centro penitenciario debe ser el peor de los CIE”, comenta a Periodismo Humano, José Luis Rodríguez Candela, asesor jurídico de Andalucía Acoge.

¿Es el nuevo Reglamento suficiente?

La plataforma ‘Que el derecho no se detenga a las puertas de los CIE’, de la que forman parte la ONG Pueblos Unidos y una veintena más de organizaciones sociales, presentó un informe el pasado abril, cuyas reivindicaciones ante el actual Anteproyecto siguen considerando vigentes, en el que valoraban muy negativamente el documento de trabajo presentado por el Ministerio del Interior, “en la medida en que no revisa -como resulta imprescindible y perentorio- el modelo existente, que tantas lesiones de derechos ha propiciado. Por el contrario, consolida el modelo policial de gestión de los CIE y desarrolla muy insuficientemente las garantías de derechos de las personas internadas”.

En este informe se denuncia además, que la nueva reglamentación no recoge las recomendaciones sobre los CIE emitidas en los últimos años por la Defensora del Pueblo. Incluso, señala que en algunos aspectos claves la nueva reglamentación supone un retroceso en relación con la situación actual, “como ocurre por ejemplo con las comunicaciones de las personas internadas con el exterior, las visitas, el acceso de organizaciones sociales o la posibilidad de presentar quejas al Juzgado de control de internamiento”.

En este mismo informe se muestra disconformidad con el cambio de nombre: de Centros de Internamiento de Extranjeros, pasarían a llamarse Centros de Estancia Controlada de Extranjeros, algo que según el propio informe, no sería correcto por tratarse de un eufemismo. Lo justifican del siguiente modo: “El término Centros de Internamiento para Extranjeros es el utilizado por la propia Ley de Extranjería, y se trata de una denominación correcta, en cuanto en estos lugares se ejecuta una medida cautelar legalmente llamada de internamiento. Dicha medida consiste en una privación de libertad que nada tiene que ver con el eufemismo estancia controlada. Un cambio de denominación sólo estaría justificado si el nuevo Reglamento reflejara un cambio de modelo, que desde luego el texto analizado ni siquiera emprende”.

Para José Luis Rodríguez, abogado de Andalucía Acoge, el Anteproyecto introduce datos interesantes como que se comunique al abogado que quedó sin libertad la persona a la que representa, para que pueda actuar en consecuencia. Regula la participación de las organizaciones sociales en los centros, que los policías vayan identificados, que si el interno necesita cuidados médicos no tenga que pasar por juzgado de guardia… Sin embargo, Rodríguez cree que hay otros asuntos de igual importancia que no quedan regulados, como por ejemplo, si al interno le ponen una sanción qué tipo de sanción es en función de qué tipo de actuación. Ni eso, ni qué consecuencia le corresponde. O que un interno tenga dos horas de patio, “si los presos tienen más”. “Vacíos que no están regulados y que a nuestro parecer son necesarios”.

Por su parte la ONG Pueblos Unidos considera que es injustificable el retroceso sobre la situación actual en lo referente a la restricción de visitas a dos días por semana a los internos, salvo cónyuges e hijos. En el de Madrid hay horario diario de visitas que funciona con toda normalidad -aunque sí se limita una visita al día por interno-. “Las personas internas no tienen nada que hacer en todo el día y se deterioran enormemente psicológicamente según pasan las semanas de internamiento. Que por lo menos puedan recibir visitas de sus seres queridos”, argumentan.

Sobre las visitas por parte de las organizaciones sociales a los internos, la abogada de la ONG Internacional Women’s Link Worldwide, Paloma Soria, considera que es un punto destacable del nuevo Reglamento, tal y como ya se hacía en el CIE de Madrid a petición del juez de control. “Está bien que está fórmula se haga genérica para los demás centros del Estado español, ya que en el de Murcia, por ejemplo, no dejaban entrar a ninguna organización. Pero si el director del centro se negara a dejar entrar a alguna organización en concreto, el Reglamento no especifica qué pasaría”.

En referencia a este asunto la plataforma ‘Que el derecho no se detenga a las puertas de los CIE’, en el informe emitido el pasado abril, señala no entender la desconfianza, a su parecer, con que el nuevo Reglamento aborda la participación de las organizaciones sociales, ni las restricciones que se pretenden poner al respecto. Considera que en algunos CIE la participación de las asociaciones está siendo mucho más flexible y normalizada de lo que se propone en la nueva regulación, de tal modo que piden que la duración de las visitas de los miembros de las organizaciones sociales no esté sometida a limitación temporal alguna; la ausencia de sistema de citas previas, para no dañar los derechos e intereses de las personas internadas, que en cualquier momento pueden ser expulsados; no limitar el número de personas internas a las que se puede visitar al mismo tiempo, al igual que el número de integrantes de las ONG que pueden estar presentes al mismo tiempo; el derecho a la entrega/recepción de todo tipo de documentación, siendo el único control posible el no tratarse de objetos peligrosos o dañinos.

En cuanto a la autorización para la realización de estas visitas, solicitan que el procedimiento sea lo más sencillo posible y sugieren no emitir acreditaciones individuales que puedan complicar la gestión. Esgrimen como argumentación el hecho de que las organizaciones sociales que trabajaban con las personas internadas en los CIE y sus familias, “no sólo desarrollan una labor de acompañamiento personal, sino que llevan a cabo la atención jurídica, social y psicológica, tratando de paliar mínimamente unas necesidades cuya atención corresponde a la Administración, máxime cuando se trata de personas privadas de libertad”.

Mujeres en los CIE: mayor vulnerabilidad de sus derechos
Con respecto a la situación de las mujeres encerradas en los CIE la ONG internacional Women’s Link Worldwide, presentó el pasado mayo un informe elaborado  tras dos años de visitas y entrevistas con 45 mujeres -7 de ellas embarazadas, 21 presuntas víctimas de trata-, en 6 de los CIE del estado español, en el que se revelaba las denuncias de las internas y el precario estado de la mayoría de las instalaciones, tal y como publicamos en Periodismo Humano. “Una de nuestras demandas tras el estudio presentado en mayo era la atención sanitaria a mujeres embarazadas.

El nuevo Reglamento lo menciona pero no especifica qué tipo de atención sanitaria se ofrecerá. Otra vez se deja en manos de la dirección del centro este asunto. No debe ser el director del centro [los directores de los CIE pertenecen a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado] quien determine esto, hay unos mínimos garantizados por la Organización Mundial de la Salud, que no se establecen en el nuevo Reglamento”, señala Paloma Soria, abogada de Women’s Link Worldwide, que ve con buenos ojos que la nueva reglamentación obligue a que los miembros de los servicios sociales tengan formación en Derechos Humanos, “a pesar de que no se especifica qué tipo de formación”. Para Soria, sería necesario además, que esa misma formación fuera extensiva a los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado que trabajan dentro de los centros.

Con respecto al derecho a la salud, desde Women’s Link Worldwide de lo poco que ven como positivo que se menciona en el Reglamento es que se especifica que se tendrá que ofrecer el tratamiento sanitario necesario a las personas toxicómanas que estén dentro de los CIE -esta organización corroboró que había varias mujeres que padecían toxicomanías sin tratamiento-.

Sin embargo, creen que no tienen motivos para ser nada optimistas en lo referente al asilo de víctimas de trata y violencia sexual. “Como mínimo se debería haber hecho referencia a la reglamentación de extranjería de víctimas de trata, y no es así”, señala Soria. “Nos parece flagrante que algunas de las mujeres entrevistadas nos contaran que cuando pedían el asilo político desde las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado se les denegara o se les dijera que no sabían qué era eso. En estos centros se están violando de manera sistemática los Derechos Humanos más fundamentales”, argumenta la letrada de Women’s Link Worldwide.

Con respecto a la reagrupación familiar, en el nuevo Reglamento se deja entrever que los menores podrán estar en los centros. “A mí que un menor, en muchos casos lactante, pueda estar en un centro cerrado me parece terrible”.

Y con respecto a otro tipo situaciones cotidianas que padecen las mujeres encerradas en los centros, como las horas al aire libre y las estancias en las que habitan, Paloma Soria denuncia que en el nuevo Reglamento ni tan siquiera haya constancia de ello. “Nuestra investigación determinó que las mujeres tenían menos horas al aire libre y las peores del día, a pleno sol en verano y las horas de menos sol en invierno. Lo mismo ocurre respecto a los espacios reservados a las mujeres en los centros, que son los más pequeños, esto tampoco queda especificado en el nuevo Reglamento. Como tampoco contempla que sean las mujeres quienes se encarguen de limpiar sus propias instalaciones, cosa que no ocurre con los hombres”.
“Es un reglamento que no cambia lo que tenemos en la actualidad. A pesar de que introduce cláusulas nuevas, están vacías de contenido”, concluye Soria.
  • Texto completo del Anteproyecto de Real Decreto por el que se aprueba el reglamento de funcionamiento y régimen interior de los Centros de Estancia Controlada de Extranjeros [pdf]


 (Visto en Periodismo Humano)

martes, 7 de agosto de 2012

Sanidad exige 710 euros al año a los sin papeles por ser atendidos

Alucinando todavía con la noticia...

Sanidad exige 710 euros al año a los sin papeles por ser atendidos


Después de sacar a colectivos como los inmigrantes sin permiso de residencia de la asistencia sanitaria pública —excepto la urgente—, el Ministerio de Sanidad planea crear, bajo el nombre de convenios especiales, una vía para que estas personas puedan volver a ser atendidas en el sistema público. El método elegido es que puedan suscribir algo parecido a pólizas (convenios los llaman) con pagos que se asemejan a los de los seguros sanitarios privados.

La orden que prepara el Gobierno de Mariano Rajoy, a la que ha tenido acceso EL PAÍS, establece que las personas menores de 65 años que quieran ser atendidas en hospitales y centros de salud públicos deberán pagar 710,40 euros al año —59,20 mensuales—. Desde los 65 años en adelante, el coste ascendería a 1.864,80 euros anuales (155,40 al mes).

Según los cálculos realizados para esta propuesta por el Ministerio de Sanidad, los menores de 65 años pagarían 177,5 euros menos de lo que se estima, por término medio, que gastará cada persona en esa franja de edad, y los mayores de 65, 466,3 euros menos, que serían asumidos por las Administraciones. La memoria económica que acompaña al borrador concluye que “este nuevo convenio no tendría impacto económico significativo”.

La medida afectará a quienes no estén asegurados ni sean beneficiarios del Sistema Nacional de Salud, como es el caso de los inmigrantes sin permiso de residencia, a partir de septiembre. Pero ni siquiera todos ellos podrán acceder a un convenio de este tipo, ya que tendrán que cumplir dos requisitos: llevar al menos un año empadronados en España y no ser beneficiarios un sistema de sanidad pública. No hay una cifra de posibles afectados. Al comparar los datos del padrón y las altas en la Seguridad Social, salen unos 150.000 extranjeros en situación irregular, pero parte de ellos (alrededor del 15%) son menores, y para ellos sí va a haber atención sanitaria pública.

Firmar estos convenios será voluntario, y estos no cubrirán el pago de las medicinas o el transporte sanitario, que correrían a cargo, por completo, de las personas que los suscriban.
No pagar una de las cuotas tendrá como castigo tres meses de suspensión del convenio —es decir, que durante ese tiempo se les negarán los servicios sanitarios no urgentes—. Si en ese tiempo se corrige el impago, el convenio seguirá en vigor pero, si no se salda la deuda, se extinguirá el derecho a la asistencia sanitaria.

A colectivos especiales, como las inmigrantes embarazadas —a las que la sanidad pública tiene que atender obligatoriamente durante su embarazo, parto y posparto— y los menores extranjeros, se les mantendrá el acceso en iguales condiciones que a los españoles (gratis), pero se les aplicará un copago farmacéutico del 40%. Las víctimas de trata que se encuentren en el proceso de reflexión establecido por ley y quienes hayan pedido asilo en España también podrán acceder a la sanidad pública.

Con este cambio, el Ministerio de Sanidad establece una doble vía entre quienes sean atendidos por la sanidad pública: quienes estén asegurados, que ya de por sí pagan más que antes por medidas como el copago farmacéutico y el futuro medicamentazo, y quienes no lo están, que podrán acceder a lo público pagando como se hace en el ámbito de la sanidad privada —aunque sin las oscilaciones de precio en función del sexo—. De hecho, el precio de los convenios se asemeja a las cuotas mensuales de aseguradoras como IMQ, que cobra por un paquete sanitario básico de 56,77 euros mensuales en adelante —119.09 euros al mes en el caso de, por ejemplo, una persona de 66 años—. Sanitas cobra cada mes a un hombre de 45 años 40 euros en el seguro más barato.

Los convenios especiales contarán con descuentos para aquellas personas que tengan familiares a su cargo —personas mayores y discapacitados—. A partir de la segunda persona que dependa de ellos, se descontará el 15% —cuando ya sean tres o cuatro suscriptores en la misma familia—. A partir de ahí, la rebaja será del 25%.

La orden, que está en el proceso de consulta previa entre los organismos afectados, es el paso siguiente a la delimitación del aseguramiento sanitario que impuso el Gobierno de Mariano Rajoy a través del real decreto de abril. Este impulsó grandes críticas de algunas comunidades, como Andalucía, País Vasco y Asturias, que ya se han opuesto a cerrar las puertas de sus centros de salud a los inmigrantes, pese a la orden del Ministerio de Sanidad de dejar de hacerlo a partir de septiembre.

Serán las comunidades las competentes para implantar el sistema de convenios, de comprobar la documentación y de expedirlos, pero el Gobierno limita sustancialmente su margen de maniobra, estableciendo que será el Ministerio de Sanidad el competente de actualizar cada año la cuantía de las cuotas y acotando a la cartera básica las prestaciones a las que podrán acceder quienes firmen los convenios. En manos de las autonomías solo está la manera de cobrar las cuotas.

Esta sorprendente orden llega justo cuando los extranjeros en situación irregular están a punto de perder la tarjeta sanitaria, que les será retirada a todos el 31 de este mes. Es una especie de concesión del ministerio, después de que todos los colectivos profesionales, médicos, enfermeros y farmacéuticos criticaran la decisión de dejarles sin atención. Sanidad insiste en que restringir el acceso ahorrará hasta 1.500 millones, pero profesionales como los especialistas en infecciosas afirman que, a medio plazo, los que queden fuera del sistema supondrán un gasto mayor.

(Visto en El País)

jueves, 14 de junio de 2012

Asturias atenderá a los inmigrantes irregulares aunque no tengan tarjeta

Asturias atenderá a los inmigrantes irregulares a través del servicio público de salud aunque carezcan de tarjeta, incluidas consultas con especialistas, y les recetará medicamentos a través de ONG mientras no lo impida una normativa que desarrolle el decreto ley estatal que les excluye del sistema.

La Consejería de Sanidad asturiana publicará una resolución este jueves, que entrará en vigor el viernes, en la que da instrucciones para que todos los inmigrantes irregulares sean atendidos, según ha anunciado en rueda de prensa el consejero, Faustino Blanco, tras una reunión con varias ONG y asociaciones científico-sanitarias.

Esta medida, una de las primeras en el ámbito sanitario del nuevo Gobierno del PSOE, se realiza con la base jurídica de la Constitución y de la Ley de Salud Pública para la interpretación del decreto ley de recortes en sanidad, ha explicado Blanco, quien cree que los inmigrantes irregulares quedaban "en una situación de vulnerabilidad inaceptable".

Blanco ha señalado que Asturias no instaura un nuevo derecho, pero que existía una necesidad de normalizar la situación entre los profesionales sanitarios.
Los inmigrantes 'sin papeles' que acudan a los centros sanitarios (unos 4.000 residen en Asturias según cálculos de las ONG) carecerán de identificación, tarjeta sanitaria y prescripción farmacéutica oficial, pero "el sistema les dará siempre una respuesta" y podrán ser citados y atendidos en urgencias, Primaria y especialidades.

Modelo de receta no oficial

Para la prescripción de medicamentos, las ONG prepararán un modelo de receta no oficial que pueda ser expedida por los médicos y dispensada luego a través de estas organizaciones, ha explicado Amelia González, representante de SOS Racismo.

José Fernández, de Médicos del Mundo, ha mostrado la satisfacción por la medida adoptada por el Gobierno de Asturias, que "resuelve de forma precaria y parcial, pero resuelve la mayor", ya que garantiza la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares, aunque no puedan contar con la documentación sanitaria que depende del Estado.

Blanco ha señalado que la resolución es "un documento muy útil aunque no resuelve del todo el asunto" y ha explicado que la intención ha sido buscar en base a la legalidad "qué espacio" les dejaba el decreto ley.

Además, ha resaltado que un decreto no debería ser la forma para cambiar de un modelo asistencial a uno bismarckiano (contributivo). El consejero ha puesto énfasis en la voluntad decidida del Gobierno asturiano de dar atención médica a todos los inmigrantes.

Un registro específico

Respecto a cuestiones prácticas sobre cómo se les podrá conceder citas, pasarles consulta o llevarles los historiales clínicos sin estar en el sistema, fuentes de la Consejería han explicado a Efe que se creará algún tipo de registro específico para quienes carezcan de tarjeta sanitaria.

Asturias se une así a otras comunidades autónomas como País Vasco, Cataluña y Andalucía, que ya han anunciado que seguirán dando asistencia sanitaria a los inmigrantes irregulares, a pesar del decreto ley aprobado por el Gobierno que prevé que no tengan acceso a la tarjeta sanitaria.

(visto en El Inmundo)

viernes, 8 de junio de 2012

Palabras de los senegaleses (comunicado tras los disparos en Lavapiés)

TENEMOS LA MUERTE CERCA.
Ayer, antes de ayer, de día, de tarde… están ahí, nos están esperando.
Y hoy también va a ser lo mismo. Nos quitan las mantas, se quedan con nuestras cosas. Cuando volvemos de vender de Sol están ahí, nos han perseguido a nuestras casas. Se meten y pegan a tu mujer e hijos. Aquí son muy racistas, en otras ciudades esto no pasa tanto.
Sabemos que ser mantero es ilegal, pero esa ilegalidad no hace daño a nadie. Nos tenemos que buscar la vida. Nosotros no queremos robar ni vender droga: ¿qué quieren que hagamos?, ¿quieren que no comamos?, ¿quieren que robemos?

Un acoso policial que no se puede explicar.
Nos paran cuando estamos sentados en las plazas del barrio, cuando paseamos. Y te pegan y empujan, tengas papeles o no. Te quitan el dinero, el móvil… te quitan lo que tengas. Si podemos, echamos a correr. Aunque no tengamos papeles, tenemos que sobrevivir. Si te expulsan 6 años, ¿cómo vamos a conseguir papeles?

Tenemos que cerrar la puerta de casa. Nos da miedo que entren y también nos da miedo salir. Aquí estamos más cerca de la cárcel o ya en la cárcel. Estamos peor que en Senegal. Allí estábamos con nuestras familias y amigos, aquí nunca hemos salido juntos de fiesta. A las 22 h en casa, si vas solo, te cogen.

Viendo como estamos aquí, ahora es mejor volver atrás y estar allí. Todos los que llegamos queremos volver, pensábamos que tendríamos algo mejor. Si hubiéramos sabido lo que nos esperaba aquí, no hubiéramos venido.
Tenemos que estar en el camino, tenemos que luchar.

A veces te dicen “negro de mierda” o “vete a tu país” para que te pegues con ellos y te detengan. Los secretas te dicen “que no quieren ver más negros”. Hay algunos policías que conocemos y nos quitan las cosas sin más, no son tan malos. Pero ahora con la crisis la gente no tiene trabajo y muchos chavales nuevos se meten a policía, no tienen ni idea y son muy fascistas.
En comisaría te dicen “pon que este estaba vendiendo droga”, ¿qué podemos hacer frente a eso? Allí hay palizas siempre, te pegan y dicen que les has pegado. Nunca nos llevan al médico. No podemos denunciar a los policías, nos dicen “no puedes denunciar porque eres un sin papeles”.
¿Qué podemos hacer? Seas negro, ecuador o español, nos tenemos que juntar.

Tenemos que luchar, no podemos quedarnos en casa. No puede ser que cuando se hace una manifestación sobre nuestra situación en la calle aparezcan 100 blancos y 4 negros. Eso es tutelaje.

Tampoco queremos mirar solo por lo nuestro, tenemos que estar en el camino junto a todo el mundo. No podemos venir a pedir ayuda y luego nosotros no ayudar a nadie. Hay que salir a la calle, los sin papeles tienen que ayudar también a los “ciudadanos”.

Nosotros solo teníamos una zapatilla para defendernos.
La policía había generado el problema. Le detuvieron, para ello le tiraron al suelo y le pusieron la pierna encima, le hacían daño, gritaba. Es siempre así. No hay ladrón, no hay nada, solo un vendedor. Una persona como tú. Cuando pase esto otra vez, no sé qué pasará, no podemos ver a un paisano, a un amigo, siendo tratado así.

Dijeron que habíamos tirado piedras, nosotros solo teníamos zapatillas. Cuando salió el vídeo se vieron sus mentiras. Lo del disparo es un problema muy grave, no solo para nosotros, sino para nuestros vecinos. Nos ha dolido mucho esto. Con el disparo sentimos todo, sentimos casi la muerte. Los hijos del dueño de un bar de por aquí estaban enfrente, a 10 metros del disparo.

Desde ese día no podemos ir a vender, tenemos miedo. Estamos jodidos, nosotros y vosotros, todos. Pero nosotros más, siempre nosotros estaremos más jodidos.

 La próxima vez que nos juntemos moros, negros, latinos y españoles se van a pensar mejor si disparar o no.
Aquí nada de paz ni amor, solo muerte, tenemos la muerte cerca.

Palabras de algunos senegaleses del barrio Lavapiés de Madrid.
(5 coches de policía estuvieron mirando nuestra asamblea y dando vueltas a nuestro alrededor)
Viernes 1 de junio del 2012 en plaza Cavestreros.
Enlaces relacionados / Fuente: 
http://www.youtube.com/watch?v=O463LIdpJlw

sábado, 31 de marzo de 2012

Apaleado y detenido por documentar una redada racista

Entrevista a Javier, miembro del Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés (15-M), detenido junto a un vecino senegalés el pasado viernes 17 de marzo por grabar una redada racista en la Plaza de la Corrala. Ahora enfrenta un cargo de resistencia activa a la autoridad, penado con hasta 1 año de cárcel.

Javier, de 33 años, nos recibe en el piso que alquila junto a su compañera inmigrante en el barrio de Lavapiés. Lo primero que hace es mostrarnos los moratones que todavía tiene en las muñecas y tobillos. Nos dice que el asunto de su detención, hasta que salga el juicio, lo tiene olvidado. Sin embargo, a medida que fluye nuestra conversación notamos que continúa bastante afectado por lo que vio y sufrió en los calabozos de Leganitos y Moratalaz. Miembro activo de la Asamblea Popular de Lavapiés y del sindicato de Enseñanza e Intervención Social de CNT, asegura que, a pesar de los cargos que le imputan, no van a conseguir apartarle de la lucha contra las redadas racistas de la Policía que desde diversos colectivos vecinales y organizaciones se viene desarrollando en su barrio. Aunque al principio se muestra receloso hacia nuestro trabajo como periodistas, cuando le explicamos que sólo publicamos nuestras crónicas en medios de comunicación asamblearios y alternativos, su actitud se vuelve entusiasta, mostrándose como un buen conversador, apasionado con sus ideas.

Ernest Favil - ¿Qué pasó la noche del 17 de marzo en la Plaza de La Corrala?

Javier - Yo salía con unos amigos de un local de la calle Mesón de Paredes, cuando de repente vi un helicóptero volando a poca distancia de mi cabeza y un grupo numeroso de personas gritando un poco más arriba de la calle, a la altura de la plaza de la Corrala. Apreté el paso y encontré al menos una decena de coches patrulla de la Policía Nacional que bajaban lentamente la calle Mesón de Paredes. Enseguida vi que las personas que gritaban, unas 50 o 60, eran en su mayoría miembros de la asamblea de mi barrio, y que su consigna era “Ningún ser humano es ilegal”. Inmediatamente entendí que había habido una nueva redada contra la población migrante del barrio, y que mis vecinos habían reaccionado para afear a los policías su comportamiento racista. En estas páginas tienes relatos fiables de personas que estuvieron en la plaza de la Corrala desde que comenzó la redada:

http://www.lavapieshoy.es/vamos-a-contar-verdades-la-redada-del-viernes-16-de-marzo-vt1352.html
http://www.diagonalperiodico.net/Una-nueva-redada-racista-en.html
http://lavapies.tomalosbarrios.net/2012/03/21/no-fue-una-rina-fue-una-redada/
Sinceramente, yo llegué cuando mis compañeros ya habían conformado un cordón con las manos en alto, intentando expulsar pacíficamente a la Policía del barrio, al estilo de lo que ocurrió el 5 y el 12 de julio de 2011 en la Plaza de Lavapiés, o, sin ir más lejos, el jueves anterior por la tarde en la calle Amparo. Recordé el protocolo de actuación que tenemos los vecinos de la asamblea del barrio en caso de redada racista, y me di cuenta de que nadie estaba intentando documentar la escena.
http://lavapies.tomalosbarrios.net/2011/11/28/protocolo-de-actuacion-en-caso-de-redadas-racistas-asamblea-popular-de-lavapies/

Como llevaba una cámara de fotos en la mochila, la saqué y me coloqué entre los manifestantes y los policías, que en cada vez mayor número se estaban reuniendo en la intersección de la calle Mesón de Paredes y la calle Tribulete.

E.F. - Entonces, ¿crees que fue el hecho de estar grabando lo que motivó tu detención?
J. - Estoy seguro. Nada más llegar a la comisaría de Leganitos, los policías me preguntaban una y otra vez si era periodista y si tenía acreditación de prensa. Parecían muy preocupados por el asunto. Lo cierto es que no llevaba ni medio minuto grabando la escena cuando de repente, y sin previo aviso, tres o cuatro policías de paisano me agarraron por el cuello, me tiraron al suelo y me pusieron boca abajo, colocándome unos grilletes. Mientras lo hacían, me dieron un patadón en el tobillo derecho y porrazos en la cabeza y en los antebrazos. Luego dijeron en el atestado que yo les había mordido y me había autolesionado dándome cabezazos contra el suelo. Ya me habría gustado tener la sangre fría como para pensar tantas cosas en ese momento, pero lo cierto es que con preocuparme con respirar, mientras un policía me hacía una llave de yudo en el brazo y otro me tapaba la boca, era más que suficiente para mí. Los vecinos del barrio intentaron protegerme, pero no lograron evitar que me llevara unos cuantos golpes.

E.F. - ¿Te maltrataron también durante el traslado a la comisaría de Leganitos?

J. - Me llevaban con las esposas muy apretadas y a toda velocidad. Cuando me sacaron del coche me hicieron agachar la cabeza dándome golpes en la nuca y me dieron varios empujones. Una vez en el “Calabozo provisional” (así reza el simpático cartelito de esa inmunda habitación) empezaron a hacerme preguntas, entremezcladas con burlas y amenazas cada vez que me atrevía a mirar a alguno de los agentes que custodiaba la puerta. Cuando dije el nombre del abogado penalista de mi sindicato, parece que les molestó mucho: “Abogaditos, abogaditos. La culpa es de esos abogaditos”. Como venganza, dentro de esos divertidos códigos heteropatriarcales que ellos manejan, escribieron el nombre de mi abogado en femenino (“Daniela” en vez de “Daniel”), y me pasaron la hoja de detención con el nombre cambiado, diciendo que no habían podido localizarle en los listados del Colegio de Abogados. Yo entonces di el nombre de otro abogado, y el funcionario torció el gesto, y me dijo que no hacía falta.

E.F. - Y de ahí al calabozo “no provisional”, ¿no?

J. - No, antes me llevaron a hacer un reconocimiento médico, que yo solicité. Para entonces unos cuantos vecinos del barrio ya estaba concentrados en la puerta de la comisaría de Leganitos. Aunque yo salí por la puerta trasera (la que da a los calabozos), sentí la presencia de mis vecinos, sobre todo en el hecho de que los policías estaban un poco descolocados. Tuve suerte con eso: empezaron a tratarme un poco mejor. No sé, quizá fue simplemente la preocupación porque yo fuera periodista y acabara contando cosas por ahí…

E.F. - ¿Qué ponía en el reconocimiento?

J. - El reconocimiento fue lamentable. Aquella escena delante de un médico en un centro de salud me ha hecho pensar mucho. Es muy fácil criticar a la Policía Nacional, una institución que todos sabemos está integrada fundamentalmente por hijos de policías franquistas, e infiltrada por grupos organizados de ideología racista o directamente neonazi. Pero cuando ves que la corrupción y la violencia afecta también a otros colectivos aledaños, incluidos trabajadores de la salud, las sensaciones son más tristes. Las esperanzas de un verdadero cambio en la sociedad se disipan. Mucho más que los golpes que recibí, me dolió que la médico encargada de hacerme el reconocimiento preceptivo en el llamado Centro de Apoyo a la Seguridad, y con número de colegiado 24096, me tratase como una alimaña. Entré en su despacho custodiado por tres policías. En cuanto me quitaron las esposas, me espetó, de muy malos modos: “¿Y a ti, qué te pasa?” Le mostré mi antebrazo izquierdo, claramente deformado por una inflamación masiva, y con una herida sangrante de unos cinco centímetros. Le dije que además creía que me habían hecho un esguince en el tobillo, y que tenía dolores en las cervicales y el cuello. Ni se molestó en tocarme. Me miraba como si fuese un desecho, un animal peligroso. Al final, me echó un poco de réflex por la espalda y se puso a escribir. Sólo se me ocurrió mirarle a los ojos, en plan ciudadano, y decirle que yo también era un empleado público, como ella, que trabajaba como profesor en una universidad de Madrid, y que si necesitaba mirarme otra vez las heridas, porque me parecía que no las había visto bien. Ni se inmutó la doctora. Cuando salí del calabozo dos días después, leí su informe. Decía lo siguiente: “Refiere dolor en ambas muñecas por las esposas”. “Refiere”, había escrito la muy sinvergüenza.

E.F. - Después del reconocimiento médico, ¿hubo más interrogatorio, o te mandaron directamente al calabozo?

N. - En el tiempo que estuvimos esperando al reconocimiento médico los cinco policías que me vigilaban (dos uniformados y tres de paisano)  me hacían preguntas entre gestos de desaprobación e incredulidad. Hacían como que estaban muy indignados con lo que había ocurrido. Me decían que yo no tenía ni puta idea de lo que había hecho, que no sabía a qué tipo de gente estaba defendiendo. Yo recordaba que sólo tenía obligación de contestar si me preguntaban por mi nombre o mi dirección, así que sólo respondí con el nombre de la calle y el número del portal donde vivo cuando me dijeron: “Si seguro que no vives en Lavapiés, ¿a que no?”. Luego optaron por la estrategia del “poli bueno”. Me decían: “¿Cómo crees que acabará esto dentro de un año?”. Como seguía callado, uno se acercó en plan colega diciendo: “Dejad al chaval, ¿no veis que no quiere hablar?”. Y luego me dijo: “Claro, tú tienes tus ideas y nosotros las nuestras”. No sé si esperaba que le explicase cuáles eran mis ideas, así como estaba esposado y con todo el cuerpo magullado. Preferí quedarme callado como un ser humano.

E.F. - ¿Cómo son los calabozos de la comisaría de Leganitos?

J. - En realidad, a mí me recordaban más a mazmorras medievales, de esas que uno ve en las películas. Hay un olor nauseabundo, fruto de la falta de higiene y ventilación. Te dan una colchoneta fina, impregnada de orines y efluvios de las muchas personas que la usaron antes. Y una manta. Cuando te mandan acercarte al montículo de mantas raídas que tienen a la entrada del calabozo, un funcionario te avisa de las terribles consecuencias que puede haber para ti si se te ocurre coger más de una. Luego comprendes por qué: en las celdas hace un frío terrible. La humedad se te mete en los huesos.

E.F. - ¿Había más gente en tu celda?

J. - Sí, cuando yo llegué había ya cinco personas en mi celda. En un espacio como de cuatro metros cuadrados. Vamos, que había overbooking. Quedaba el espacio justo para colocar mi colchoneta y mi cuerpo, justo al lado de los barrotes.

E.F. - ¿Y cómo son las celdas?

J. - En los calabozos de Leganitos hay como tres naves abovedadas. No hay ningún tipo de luz natural. La mayor parte del tiempo todas las luces están apagadas. Cada celda tiene dos alturas, separadas por un banzo como de medio metro. El suelo es de baldosa. Los techos están desconchados por la humedad y el deterioro. Con el estrés y la humillación a la que te someten, uno termina pensando que el techo, que ya de por sí es muy bajo, se le va a venir encima.

E.F. - ¿Y para orinar?

J. - Para orinar o hacer de vientre hay que esperar a que el agente de turno esté del humor adecuado. Durante el tiempo que estuve en Leganitos, y luego en Moratalaz, hubo al menos tres personas detenidas que, ante la imposibilidad de salir a la letrina, decidieron orinar a través de los barrotes, con el consiguiente disgusto para sus compañeros de celda y los habitantes de las celdas contiguas. Aunque también te digo que ir a la letrina no es una experiencia mucho mejor.

E.F. - ¿Cómo es?

J. - En la letrina yo me empecé a dar cuenta de esas sutiles estrategias con que los carceleros se divierten humillando a los detenidos. Lo de “sutiles” es obviamente un eufemismo. Un par de horas después de ingresar yo en el calabozo de Leganitos entró una mujer, muy probablemente toxicómana, que nada más ser encerrada en su celda solicitó un “támpax”,  puesto que estaba con el período. Un funcionario le respondió que allí no tenían “támpax”, y que si le servía con papel higiénico bien, y si no también. El famoso “támpax” usado de la detenida acabó obviamente en la letrina. Cuando yo conseguí que un policía me dejase ir al baño, el tampón sanguinolento estaba colocado justo encima del murete donde te tienes que sujetar si quieres hacer tus necesidades. Me acuerdo que lo bajé de ahí con el pie y lo empujé de una patada contra una esquina de la letrina. Pues bien: las dos veces siguientes que conseguí ir al baño, el “támpax” volvía a estar, como por arte de magia, en el mismo lugar estratégico. También, la última vez que fui había un excremento humano en medio de la entrada a la letrina. Obviamente no se había podido salir de la taza del váter. Alguien se estaba divirtiendo colocándolo en mitad de nuestro camino al baño.

E.F. - Lo que cuentas sobre el trato a una toxicómana es muy grave.

J. - Es peor que muy grave. En la celda contigua a la mía en Leganitos un hombre pasó yo calculo que unas ocho horas pidiendo que le proporcionasen metadona. Por lo que pude escuchar era un usuario del dispensario de Valdemingómez. Le estuvieron dando largas toda la mañana del sábado y buena parte de la tarde. Cada vez que se quejaba a gritos, venían a la puerta de su celda y le decían: “Sí, ya la hemos pedido, ahora viene.” El hombre se llamaba Gelu [nombre rumano] y los funcionarios se dirigían a él, en un alarde de ingenio, con el apelativo de “Gelu Kitty”. Recuerdo comentarios de lo más cruel, del tipo: “¿Qué te pasa, “Gelu Kitty”, estás sudando?” No sé qué puede haber dentro del cerebro de un ser humano para poder burlarse así de otro ser humano que está en una situación tan jodida. Al final se lo llevaron a un centro de salud hacia las cinco de la tarde, avisándole previamente de que en realidad se lo llevaban de paseo, porque ningún centro de salud le iba a dar metadona los fines de semana.

E.F. - ¿Cómo podías saber la hora estando allí dentro? ¿No decías que no había ningún tipo de iluminación natural?

J. - Pathe, el compañero senegalés que fue detenido conmigo, había conseguido “colar” un relojito de estos digitales Casio. Aunque nos pusieron en celdas separadas para que no pudiéramos charlar, de vez en cuando Pathe cantaba las horas. A veces, si los funcionarios estaban de buen humor, también te decían la hora. Ese relojito nos ayudó mucho a pasar el mal trago de la detención. Después de dos días sin poder dormir, sin ningún tipo de referencia, uno acaba aturdido, pierde la noción del tiempo y el espacio, y la amenaza de una crisis de ansiedad o un derrumbe emocional es cada vez más grande, sobre todo sabiendo que lo más probable es que nadie te vaya a atender si al final te ocurre. No me quiero imaginar cómo será el régimen FIES en las prisiones. Si esto es lo que hacen con detenidos a los que supuestamente les ampara la presunción de inocencia, no sé qué harán en los presidios con los reos ya condenados.

E.F. - Son estrategias de humillación y castigo por anticipado, en definitiva.

J. - Sí, por supuesto. Ellos consiguen animalizarte. Eso tiene mucho que ver con lo que hablamos antes, lo que estaba escrito en el atestado policial y que luego fue reproducido por todos los periódicos: que yo les había dado mordiscos a los policías durante el arresto, como si fuera un perro rabioso. Es lo mismo que te comentaba sobre el trato que me dieron los médicos forenses. Hay todo un aparato policial que, conscientemente, busca animalizarte, y que consigue que a los ojos acríticos de la gente que está en los alrededores (los funcionarios del Juzgado que te reparten comida o que te abren y cierran las puertas en el calabozo de Plaza de Castilla, los médicos que te hacen los reconocimientos, algunos abogados de oficio, etc.) los detenidos también aparezcan como simples animales. Y lo que es peor de todo: uno termina también animalizándose. Yo recuerdo los últimos minutos en que estuve privado de libertad, que me encontré a mí mismo asomando literalmente la nariz por una rendija de la puerta de mi celda,  pidiendo por favor al funcionario que no volviese a cerrarla, que dejase así abierta una rendijita, que con eso me valía para estar a gusto. Habían pasado más de 6 horas desde mi comparecencia ante la juez, en la que habían decidido concederme la libertad. Sin embargo, las órdenes de libertad tardaban en bajar firmadas a los calabozos,  y los que estábamos allí encerrados (unos 30 sólo en mi celda) andábamos desesperados.

E.F. - ¿Con qué tipo de gente estuviste encerrado?

J. - Principalmente chicos jóvenes, muchos de ellos consumidores habituales de cocaína o basuco, que estaban acusados de hurtos o robos con violencia. Varios heroinómanos muy deteriorados física y mentalmente también había, algún pequeño estafador (a Urdangarín no conseguí encontrármelo), pero sobre todo chicos de bandas juveniles. Es curioso comprobar que los códigos machistas y consumistas que manejan esos chicos son exactamente los mismos con los que se comunican los policías entre ellos. El tamaño del miembro viril, el fútbol y la aversión a la homosexualidad aparecen constantemente en el discurso de ambos bandos. También el patriotismo o la obsesión por tu lugar de origen. Entre los policías se llaman los unos a los otros de “¡gallego!”, “¡asturiano!”, y entre los delincuentes comunes se gritan, de una celda a otra, “¡eh, moro!”, “¡eh, cubano!”, o “¡andaluz!”. Recuerdo el policía que me sacó el DNI de la cartera cuando llegué a Leganitos. Lo primero que miró fue mi lugar de nacimiento. Cuando lo leyó exhaló un profundísmo “¡palentino!”. Yo me preguntaba a mí mismo: “¿Qué cojones le importará a este tío dónde he nacido yo?”

E.F. - Entonces, torturas físicas no sufriste, ¿no?

J. - Si quitamos el frío y el dolor por tener que aguantarme el pis, yo he de decir que no recibí torturas físicas. Pero hubo dos detenidos que sí. La noche del sábado en Leganitos ingresó un hombre, que al parecer llegaba acusado de maltrato, y que hizo un comentario acerca del hecho de tener que quitarse los cordones de sus zapatos antes de entrar en la celda. Enseguida el grupo de policías que lo habían bajado, junto con los que estaban de guardia, empezaron a gritarle al unísono. Después de los gritos empezaron los golpes. El asunto debió de durar como unos diez minutos, y por los gemidos del detenido y por el sonido de los golpetazos, puedo asegurar que le pegaron. La otra agresión la vi con mis propios ojos en la comisaría de Moratalaz, la noche del domingo al lunes. Enfrente de mi celda había un hombre solo en una habitación. La tenían iluminada con una luz halógena fuerte, muy blanca, que hacía imposible que aquel detenido durmiera. Cada quince minutos ese hombre se levantaba desafiante y daba patadas contra los barrotes, al grito de: “¡Policía, apaga la luz!”. Todos los demás detenidos del módulo nos revolvíamos en las colchonetas. Le llovían los insultos. Algunos le rogábamos que por favor se callase, e intentase dormir con la manta en la cara. Aquel hombre estaba siendo torturado, y acabó torturando a todos los que intentaban dormir en aquel módulo: fue una situación muy desagradable. Ningún agente se acercó a nuestras celdas en tres o cuatro horas, ni respondiendo a los gritos del detenido de la celda iluminada, ni a los de los que nos quejábamos de la situación.  A las 7 de la mañana, poco antes de que comenzaran los traslados a los juzgados de Plaza de Castilla, un policía uniformado se acercó sigilosamente a la celda de mi vecino de enfrente y apagó el interruptor. La celda quedó por fin a oscuras y alguno de mis compañeros consiguió dormir un rato.

E.F. - O sea que el machaque psicológico es constante.

J. - Claro. Son muchos insultos, muchos gritos fuera de contexto, muchas órdenes absurdas. Recuerdo con especial horror a un policía con acento andaluz, bajito y con gafas, que era uno de los encargados de la guardia del calabozo de Leganitos el sábado 17 de marzo en el turno de tarde (creo que de 2 a 10). Llegó pegando gritos a todo el que le pedía ir al baño. Al segundo o tercer bocinazo, alguien le insultó desde alguna de las celdas, haciendo referencia a su tono de voz, que en verdad no era demasiado varonil. Entonces el funcionario entró en cólera y desató una retahíla de insultos, que terminó con el muy sintomático: “¡Inmigrantes de mierda, volveos todos en patera a vuestro puto país!” Después desapareció dentro de la garita, y ni él ni nadie más de los policías que se encargaban del turno atendieron a las llamadas de los detenidos durante varias horas. Desde detrás de la puerta, se podían escuchar un poco las voces desaforadas de los locutores del Carrusel deportivo. La afición de aquel policía andaluz por el fútbol parecía directamente proporcional a su aversión por los inmigrantes.

E.F. - ¿Cuándo pudiste hablar con tu abogado?

J.- El sábado al mediodía. Yo en la mañana de después de mi detención pedí a uno de los carceleros hablar con mi abogado, puesto que me parecía recordar que había un plazo legal máximo de ocho horas desde el momento de la detención. Me respondió que mi abogado no había venido, que allí dejaban pasar a todos los abogados a medida que iban viniendo. Era mentira. Me decían eso para desanimarme y hacerme sentir que nadie se estaba preocupando por mí. En realidad, el abogado se había pasado toda la noche llamando a la comisaría, pidiendo ponerse en contacto conmigo. Por la mañana, a las ocho, le dijeron que volviese a llamar a las nueve. A las nueve, le dijeron que esperase a que le llamasen. Le llamaron un par de horas más tarde, y él estuvo en la puerta de la comisaría en menos de quince minutos. Allí en la comisaría todavía le tuvieron esperando un buen rato hasta que pudo hablar conmigo.

E.F. - ¿Qué opinión te merecen las mentiras reproducidas en las notas de prensa que aparecieron en los periódicos con respecto al suceso de aquella noche en la plaza de la Corrala?

J. - Sinceramente, a mí no me sorprendieron lo más mínimo. Las notas de los periódicos reprodujeron literalmente lo que decía el atestado policial, tal y como hacen habitualmente. Da igual que sean reporteros de El País, del moribundo Público, o de La Razón. En definitiva sus dueños, quienes les pagan, comparten los mismos intereses. Los diferentes posicionamientos ideológicos de los medios de comunicación españoles son absolutamente impostados en mi opinión, son simples cuotas de mercado para quienes controlan sus capitales sociales, que en realidad son unos pocos sujetos y sus familias, que además se relacionan y reproducen entre sí. Para conservar el puesto de trabajo, los periodistas, los reporterillos (muchas veces becarios) que trabajan para los medios hegemónicos desarrollan sus propias estrategias de censura y autocensura, y no les importa mentir a cambio de no perder el empleo, aunque para ello tengan que poner en riesgo la integridad física o el futuro de personas como en este caso fui yo.

E.F. – Pero es verdad que al 15-M no le han tratado del todo mal en esos medios “progresistas”.

J. - En el caso concreto de las redadas racistas en Lavapiés y otros barrios obreros de Madrid, está claro que a ninguno de los socios capitalistas que controlan los cuatro o cinco grandes conglomerados mediáticos españoles les interesa difundir que los inmigrantes se están empezando a organizar para contestar a los abusos que a diario están cometiendo contra ellos.  Quizá una acampada festiva, un pasacalles o una cabalgata indignada no lo haga, pero una respuesta colectiva y contundente de la población migrante de Madrid contra quienes están violando sistemáticamente sus derechos como seres humanos pondría en serio riesgo los intereses económicos de esa elite financiera que posee los medios de comunicación en España. Entre los multimillonarios que pertenecen a esa elite desde luego que también están los dueños del fondo de inversión Liberty Acquisition Holding, que controla el Grupo Prisa, o la familia Abelló, que controla el fondo de inversión Torreal, que gestiona Mediapro y por lo tanto La Sexta y el Diario Público, o la familia Azcárraga que maneja los hilos de Televisa. A ninguno de ellos le interesa lo más mínimo difundir que los inmigrantes están plantándole cara a sus agresores. Nosotros en el Grupo de Migración y Convivencia de la Asamblea Popular de Lavapiés ya habíamos tenido experiencias muy desagradables con reporteros de toda calaña desde principios del verano, y por eso llegamos a un acuerdo en asamblea de no tratar con ellos, de boicotearles. Ese trabajo va de la mano de un esfuerzo por difundir nuestros comunicados y nuestras notas de prensa por los medios de contrainformación, siempre que sean asamblearios o, por lo menos, económicamente independientes. Creo sinceramente que otras asambleas barriales y organizaciones como mi sindicato (CNT) deberían dar un paso en firme para rechazar firmemente cualquier tipo de relación con reporteros que trabajen para estos medios hegemónicos, sea la simpática Sexta o la recalcitrante
Intereconomía.

E.F. - ¿Y cómo conseguiríamos que ese boicot del que hablas fuera efectivo?

J. Pues empezando por quienes tenemos más cerca. A mí me parece mucho más honesto (y más laborioso también) intentar que la gente a nuestro alrededor saque de sus sobacos el domingo por la mañana ese maldito País, y se aficione de una vez por todas a informarse seriamente a través de nuestros blogs, nuestras páginas de contrainfo, nuestras redes sociales y nuestros periódicos como el del 15-M, o el Rebelaos. Es mucho más honesto y más valiente que seguir tratando de mendigar un buen trato en la Cadena Ser o en El País. Obviamente en El País o en la Cadena Ser algunas veces nos tratarán bien, nos darán un poco de coba a las gentes de los movimientos sociales, según los intereses políticos o económicos que en cada momento tengan sus dueños o sus patrocinadores. Mira, te voy a decir una cosa: si algo ha tenido de positivo mi detención y los moratones de mi cuerpo es que algunos miembros de mi familia, por ejemplo, fieles votantes algunos del PP, se han llevado las manos a la cabeza al ver como en todos lados me llamaban narcotraficante, incitador a la violencia, o perro mordedor. El otro día mi hermana me preguntaba que de qué manera podía informarse a partir de ahora, que tenía la sensación de que en todos los sitios la estaban engañando. Yo le voy a pasar los enlaces de medios de comunicación que me parece que podrían ser digeribles para alguien que empieza a darse cuenta de la farsa que hay detrás de todos los medios de comunicación masivos. Le voy a recomendar el DiagonalPeriodismo humano, Madrilonia... Me parece que ese trabajo de convencer a gente como mi hermana de que se aparte del televisor y deje de leer los periódicos de quienes nos gobiernan, es más digno y más gratificante que el de pedirle al defensor del lector de El País que rectifique una noticia y nos deje por favor contarle a la gente que yo no soy ningún narcotraficante ni ningún perro sarnoso, que tengo mi doctorado por la Universidad de Yale y que la policía me pegó simplemente por manifestarme contra un hecho injusto. Entre otras cosas, no hay que olvidar que si la policía me maltrató y me puso unos cargos que pueden suponer hasta un año de cárcel fue por haber intentado documentar un hecho injusto que estaba sucediendo en la calle, o sea por realizar el trabajo que lo que los periodistas de los medios masivos en este país han decidido voluntariamente no hacer..

E.F. - ¿Cuándo será el juicio?

J. - No sé, creo que tardará muchos meses. El próximo 17 de abril los policías declaran ante el juez, y dice mi abogado que ahí veremos si tienen ganas de joderme la vida. Yo también he denunciado a los policías por agresiones, así que el día de juicio, y si su señoría no decide archivar mi denuncia, ellos irán no sólo como denunciantes sino también como denunciados. A mí me acusan de un delito de resistencia activa a la autoridad, que está penado con hasta un año de cárcel. Aunque como soy blanquito, “palentino”, y era la primera vez que estaba detenido, si al final salgo condenado me lo sustituirán por una multa. Mucho peor lo tiene nuestro compañero Pathe, que es negro, senegalés y le acusan de atentado a la autoridad. Él tiene ya varias causas pendientes, todas ellas por delitos contra la Ley de Extranjería, excepto una por atentado a la autoridad de una vez que le dio un codazo a un policía que intentó quitarle los cedés que estaba vendiendo en la calle. A Pathe es probable que le caiga un año de cárcel. Cuando cumpla su condena, el  día que salga en libertad, una patrulla de policía estará esperándolo a la puerta del centro penitenciario tal y como llevan haciendo desde hace ya meses. Lo meterán directamente en un CIE, donde se verá otros sesenta días privado de libertad antes de que lo deporten a su país.

E. F. - ¿Crees que tiene solución el tema de las redadas racistas?

J. - Yo creo que las redadas racistas de la policía se terminarán en un corto plazo. Me refiero a los controles de identidad por perfil étnico en las bocas de metro, en los intercambiadores y en las plazas de los barrios obreros de Madrid. Son demasiado descaradas, y la gente de a pie ha empezado a concienciarse de su injusticia, gracias, al estupendo trabajo de difusión de las Brigadas Vecinales, al reciente informe de Amnistía Internacional o al ingente trabajo de asociaciones como Ferrocarril Clandestino, las ODS, la Federación Local de CNT en Madrid o la Asociación Sin Papeles, con el definitivo impulso, claro, del Movimiento 15-M.

E.F. - ¿Estás seguro de que dejaremos de ver a policías de paisano pidiendo papeles por todos lados, ahora que gobierna el PP?

J. - Sí, es como el tema de los desahucios y la dación en pago. El actual gobierno de ultraderecha hará lo posible por que se acaben. Al poder y al capital, por muy conservador que sea en sus principios ideológicos, no le conviene que su violencia sea tan visible. Sin embargo el acoso a la población inmigrante continuará, disfrazado de operaciones antidroga, antirrobo o “antiloquesea”, como ya está pasando en Lavapiés, que sirvan para exacerbar entre la gente el discurso fascista que identifica al inmigrante con el delincuente, “el que ha venido aquí a quitarnos lo nuestro y a traernos lo que no necesitamos”. También es más que probable un fuerte endurecimiento de las leyes de extranjería, especialmente en lo tocante a la obtención de permisos de residencia por arraigo. En definitiva, yo creo que hay una auténtica limpieza étnica que desde hace tiempo está decidida desde quienes tienen el poder político y económico, no sólo en este país, sino en toda Europa. A medida que las nuevas leyes laborales en el contexto de lo que ellos han llamado crisis económica sigan sancionado la existencia de una masa trabajadora autóctona en condiciones idóneas de indefensión como para ser explotada y exprimida, la antigua mano de obra semiesclava de origen extranjero, la que construía nuestras segundas residencias, cuidaba a nuestros ancianos o limpiaba nuestra basura, ya no será necesaria en nuestros países, y hará falta eliminarla, porque “compite” directamente con los nuevos parias nativos. Los policías, los jueces y los gobernantes acosarán a los migrantes, los meterán en los CIE o en los calabozos el tiempo que sea necesario, les harán la vida imposible hasta que por fin se vuelvan voluntariamente a sus países. Si no lo hacen, habrá que deportarlos. Y en este proceso violento, si no aprendemos a informarnos de otra manera, las víctimas mortales pasarán desapercibidas, como Samba Martine, asesinada por la policía en el CIE de Aluche en Madrid, o el joven Abdellah El Asli, al que la policía ha dejado tetrapléjico recientemente en Guadalajara. Sólo una reacción valiente y organizada en función de principios ideológicos claramente antifascistas podrá detener esa espiral de violencia contra los inmigrantes.

E.F. - ¿Quieres decir algo más?

J. – Quiero darles las gracias a mis compañeros de la Asamblea de Lavapiés y de CNT por habernos acompañado a Pathe y a mí tantas horas a la puerta de la Comisaría de Leganitos el viernes por la noche, el sábado en la plaza de Lavapiés y el domingo en los Juzgados de Plaza de Castilla, con un frío que pelaba. Se siente mucho esa presencia cuando uno está detenido, y creo que debemos seguir haciéndolo con los compañeros que vayan siendo represaliados en esta lucha, que será bien larga. La solidaridad y el apoyo mutuo en los momentos difíciles es lo fundamental.

(Visto en Migración y Convivencia y en Lavapiés, Toma los Barrios)

domingo, 25 de marzo de 2012

¿Las ONG llevarán la gestión de los CIE?

Hasta el momento, y a falta de un reglamento que regule las condiciones de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), han sido los jueces de control de estos centros —especialmente los tres de Madrid— los que han suplido las carencias legislativas que han provocado que las normas que se aplican en cada uno sean muy distintas. El Consejo General del Poder Judicial reunió hace tres semanas a los magistrados de los nueve centros que hay en España para intercambiar experiencias, crear un foro virtual para que puedan estar en contacto, tratar de unificar criterios —de forma que el interno de Algeciras reciba un trato similar al de Madrid, por ejemplo— y hacer algunas sugerencias para el nuevo reglamento, según indica el vocal del Consejo José Manuel Gómez Benítez.

Una de estas recomendaciones incluye una de las cuestiones más controvertidas en torno a los CIE, y algo que aún no ha sido resuelto por el Ministerio del Interior: la conveniencia de que no convivan en el mismo espacio extranjeros que han delinquido con aquellos que no lo han hecho y que solo están allí por mera estancia irregular en España, por no tener papeles.
 
El ministerio, que está en estos momentos elaborando el reglamento, no ha decidido aún sobre esta cuestión. En principio, según señala un portavoz del ministerio, tienen la voluntad de separar a los extranjeros delincuentes de los que no lo son; pero se trata de una medida que presenta problemas arquitectónicos y de espacio, porque exigiría, por ejemplo, duplicar el número de estancias comunes, entre otras cuestiones. Es decir, haría falta una inversión económica para solventar el problema.
 
El esbozo de reglamento que maneja el ministerio no se pronuncia sobre este tema por el momento; es decir, el ministerio no se obliga a separar en el futuro a los extranjeros con antecedentes penales o policiales de los que no los tienen.
 
El ministerio sí tiene la intención, según explican desde el departamento de Jorge Fernández, de que los CIE se centren fundamentalmente en las llamadas “expulsiones cualificadas”; es decir, en las que media delito, y que los internos sobre los que solo pese la acusación de estancia irregular en España sean pocos. Pero, según señalan fuentes del departamento, el reglamento no prohibirá que se lleven a cabo este último tipo de internamientos. Se tratará, como en el caso de separar a los que hayan delinquido de los que no, más de una voluntad que de una obligación.
 
Los jueces acordaron otra serie de cosas que sí están ya incluidas en el esbozo de reglamento del ministerio, algunas de cuyas medidas fueron ayer adelantadas por El Periódico de Catalunya. Por ejemplo, recomendaban que la policía en el CIE se centrara en labores de seguridad y que fueran asistentes sociales los que se ocuparan de la gestión del centro. Ese punto está previsto en el borrador. El ministerio ha optado por que no sean funcionarios públicos (trabajadores sociales, por ejemplo) sino las propias ONG las que, a través de convenios con la administración central, se encarguen de la gestión interna de los CIE.
 
Con algunas de ellas se reunieron el miércoles el secretario de Estado de Seguridad, Ignacio Ulloa, y el director general de la Policía, Ignacio Cosidó. En principio, según indican fuentes del ministerio, se cerrará un convenio para cada uno de los nueve centros. Pero tampoco elimina la posibilidad de que alguna de las organizaciones se encargue de la gestión de varios CIE o incluso de todos. Se trata de flecos que deben aún cerrarse.
 
(Noticia publicada en El País)

jueves, 15 de marzo de 2012

Absueltos los cuatro activistas contra las redadas a inmigrantes

Cuatro activistas de las Brigadas Vecinales de Derechos Humanos fueron absueltos ayer después de que la fiscal retirara la acusación de desobediencia a la autoridad que pesaba sobre ellos. Se trataba del primer juicio penal dirigido contra participantes en las Brigadas por su labor de documentación de los controles de identidad de inmigrantes.

Sólo compareció a la vista uno de los policías denunciantes. Tras las declaraciones de las cuatro personas denunciadas, la fiscal pidió su absolución por considerar que, "pese a que se cuestionó la labor policial, esto no suponía una obstaculización que mereciese una sanción penal", tal y como informan Brigadas en un comunicado
Seǵun Brigadas, la "opinión pública libre" ampara no sólo aquellas ideas que puedan generar más consenso, sino también "aquéllas que puedan molestar, inquietar o disgustar". La red ha expresado su intención de seguir "observando y documentando los controles policiales por perfil racial y denunciando estas prácticas de racismo institucional" de las que responsabilizan al Ministerio de Interior, las delegaciones del Gobierno y la Dirección General de la Policía.

(Visto en Periódico Diagonal)

viernes, 10 de febrero de 2012

¿No son de los nuestros?


Desde hace unas semanas están apareciendo casi diariamente en la prensa informaciones sobre hechos violentos relacionados con menores inmigrantes acogidos en distintos centros de Oviedo. Ante estas noticias, desde la Ruta contra’l racismu y la represión queremos plantear una serie de reflexiones: 
 
¿Quiénes son esos menores, de dónde vienen y por qué están aquí?

Parecen preguntas muy fáciles de responder: son de África, no nos sabemos sus nombres porque son muchos y están aquí porque no quieren vivir en su país. Todo es más fácil para ellos, el gobierno les da un sitio donde dormir y no tienen que trabajar.

¿De verdad nos creemos estas respuestas? Quizás su situación no sea tan fácil como parece. Para empezar podríamos preguntarnos cómo llegan hasta nuestras ciudades, cómo realizan el viaje desde su lugar de origen: casi siempre en los bajos de un camión o en una patera arriesgando sus vidas. Muchos de ellos inician el viaje con once, doce o trece años. ¿Nos imaginamos a nuestros hijos, nietos o hermanos teniendo que hacer ese viaje, solos, sin saber lo que les espera cuando lleguen, sin poder comunicarse con sus familias durantes semanas o meses?

Pero, ¿por qué se van? Acaso es por la aventura, porque se aburren en casa… ¿No será porque no tienen otra salida? Sus condiciones de vida son muy precarias. No tienen acceso a la educación, la sanidad o el trabajo. En muchos casos, ese viaje en el que arriesgan sus vidas es la única opción.

Si aparecen en el periódico, por algo será… ¿Seguro?

Los medios de comunicación nos muestran, casi siempre, a estos menores vinculados con titulares que hablan de violencia, robos, etc. Pero muy pocas veces hacen el esfuerzo de explicarnos la noticia completa, de darles voz para que puedan defenderse de acusaciones que en muchas ocasiones resultan ser falsas o nada imparciales.

Los medios de comunicación lanzan acusaciones, hablan de bandas y criminalizan sin pruebas a los menores. Crean una imagen muy negativa de ellos de forma completamente irresponsable. Esta imagen acaba por ser la única que, una y otra vez, se traslada a la sociedad ya que estos menores (o los colectivos que trabajan con ellos) difícilmente pueden acceder con su discurso a tantas personas como lo hacen los medios.

¿Y que hace la Consejería de Bienestar Social?

La Consejería tiene la tutela de los menores, es decir, es la responsable de su situación aquí. ¿Cómo lo hace? En principio a través de centros públicos que se encargan de proporcionarles alojamiento, educación y cuidados. 
 
Eso sería lo ideal, pero en realidad la Consejería ha ido privatizando los centros y dejándolos en manos de empresas que se encargan de gestionarlos y de cobrar por cada uno de los menores que reciben.
¿Qué supone la privatización? Seguro que nos suena: educadores y cuidadores con salarios precarios y sobrecargados de trabajo, centros en malas condiciones, falta de seguimiento en los programas educativos, menores en situación de desamparo… ¿Admitiríamos eso para nuestros menores? ¿Y por qué para estos sí? ¿No son de los nuestros por venir de otro país? 
 
Defendemos que las personas deben tener derecho a quedarse en sus lugares de origen, pero siempre y cuando sus condiciones de vida lo permitan. Si no es así y se ven obligadas a buscar otra salida, como en el caso de los menores, no podemos desentendernos y mirar hacia otro lado.

La inmigración ya no es un fenómeno extraño para nadie. La mayoría de nuestras familias están formadas por gente que viene de otras regiones del Estado español, de otros países del mundo, de otros colores y acentos. Hace tiempo que pasaron a ser de los nuestros.

lunes, 6 de febrero de 2012

Vecinos y ONG quieren integrar a los menores en acogimiento

06/02/2012 00:00 /
Los vecinos de Oviedo y las ONG de la ciudad se han puesto manos a la obra, ante el pasotismo del Principado, para atajar el problema de delincuencia que existe con los menores que viven en régimen de acogida. Primero fue San Lázaro y luego La Tenderina, donde el barrio entero salió a la calle para pedir medidas contra la delincuencia ligada al sistema de casas de acogida. Ahora, el problema ha llegado a Santa Marina de Piedramuelle y el Principado sigue sin querer hacer nada. De hecho, pese a que este periódico lo ha intentado, Bienestar Social ni siquiera quiere hablar del tema y las empresas contratadas por el Principado para gestionar las casas de acogida, como Centro Trama, tampoco.

Llegados a este punto, la Federación de Asociaciones de Vecinos de Oviedo (FAVO) y las ONG integradas en la Ruta contra el racismo se han reunido para tomar las riendas de la situación cansados de que la consejería de Bienestar Social no haga su trabajo. Lo primero que han hecho la FAVO y la Ruta ha sido entrevistarse con la Asociación de Vecinos de La Tenderina, donde se han registrado los mayores problemas. El siguiente paso será reunirse con los habitantes de Santa Marina de Piedramuelle. En estos encuentros, las partes intercambian información y pactan medidas a poner en marcha, la mayoría encaminadas a facilitar la integración de estos jóvenes, como la organización de partidos de fútbol o de cualquier otro tipo de actividades que favorezca el intercambio de experiencias.

Nadie se responsabiliza El presidente de FAVO, José Ramón Sariego, destacó ayer que “aunque nosotros hagamos cosas, no nos podemos olvidar de que hay una serie de empresas que trabajan para el Principado y cobran por esto, por lo que tienen que asumir su responsabilidad”.

En parecidos términos se explicó Ana Taboada, de la Ruta contra el racismo, para quien el problema es precisamente que Bienestar Social y las compañías que gestionan estas casas “no quieren saber nada, las empresas quieren mantener el negocio, cobrando pero sin dar una educación e integrar a esos jóvenes, y el Principado sólo se preocupa de ponerles las cosas difíciles a los menores para que se piensen dos veces el venir aquí”. Y pone un ejemplo de como actúa la Administración: “Primero no les dan papeles y luego no les escolarizan porque dicen que están indocumentados”.

La pregunta aquí es ¿qué piensa el Principado que va a hacer un menor criado en las calles de Tánger si nadie mira para él? Vecinos y ONG tienen muy clara la respuesta: “Delinquir”.
A esto hay que añadir que los fondos que el Principado destinaba a este plan han caído en picado y, donde antes apenas había para que los chavales acudieran por lo menos a clases de español, ahora ni siquiera da para eso.

Hasta ahora, la única respuesta dada por el Principado ha sido cambiar a los menores conflictivos de barrio cuando los delitos acababan con la paciencia de los vecinos. La FAVO y las ONG creen que esto es trasladar el problema de sitio, no solucionarlo, por eso no descartan medidas de presión contra la Administración, ya sea presentando firmas, alegaciones o saliendo a la calle como ya ocurrió en La Tenderina.

(Visto en La Voz de Asturias

domingo, 29 de enero de 2012

"La evolución social y política de la islamofobia en España"

Jueves, 2 de febrero de 2012 a las 19:00 en el Aula Magna del Edificio Histórico de la Universidad de Oviedo (C/San Francisco, Oviedo). Conferencia a cargo del Profesor Hans Van Der Broek.
 
Organizan: ASTURIAS ACOGE y ASOCIACION ASTURIANA DE SOCIOLOGIA