miércoles, 25 de septiembre de 2013

Deportaciones al ir a arreglar los papeles

En los dos últimos meses, al menos cinco personas inmigrantes han sido detenidas en las propias oficinas de Extranjería en el momento en el que acudían a regularizar su situación. Los colectivos y personas que formamos parte de la Ruta contra’l racismu y la represión denunciamos estas detenciones, el pasado 6 de septiembre, mediante una concentración en los juzgados y en las dependencias de Extranjería en Oviedo.

Esta “práctica” policial de detener a personas en el momento en que van a hacer los trámites para su regularización es exclusiva de Asturies. No sabemos de ningún otro lugar del Estado español en el que se estén produciendo estas detenciones ilegales. Por tanto, su responsable principal es Gabino de Lorenzo, Delegado de Gobierno en Asturies, que es quien marca las directrices de la Brigada policial de Extranjería. Nos consta que sus órdenes escandalizan incluso al cuerpo funcionarial que se encarga de la cotidiana y muchas veces implacable tramitación de los expedientes de extranjería.

Hasta ahora, de las cinco personas que sabemos han sido detenidas por este método -aunque podrían ser muchas más-, tres ya han sido deportadas a Senegal;un cuarto inmigrante senegalés se resistió a ser expulsado en un vuelo comercial, por lo que la policía se ha visto obligada a dejarle en libertad; por último, un inmigrante pakistaní permanece aún detenido en el CIE de Aluche en Madrid, una cloaca del Estado peor que cualquier cárcel. La Ruta contra’l racismu quiere también denunciar que, sin la complicidad de jueces y juezas, el internamiento y deportación de estas personas no hubiera sido posible. Concretamente, el juez Francisco Javier Rodríguez Luengos es el responsable de los internamientos y deportaciones en al menos cuatro de los cinco casos documentados.

El juez Luengos y la jueza Begoña Fernández, titulares del juzgado de Instrucción nº 1 y nº 3 respectivamente, son quienes, en un alto porcentaje de los casos, optan por el internamiento y/o la expulsión de las personas inmigrantes que caen en sus manos. Para ello suscriben los criterios de los fiscales, que informan favorablemente de la medida de internamiento y no velan por los derechos de estas personas.

Seguiremos denunciando a los cómplices de una política de extranjería que es, en sí misma, obscena y despiadada. Debemos acabar con el hostigamiento policial y judicial a la población inmigrante en Asturies. Los asturianos y asturianas, obligadas en estos tiempos -una vez más en nuestra historia- a emigrar a otras tierras, no permitiremos que ninguna persona sea perseguida aquí por ser de otro lugar.

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